El papa Martín V, en una coyuntura difícil, concede al rey Juan II una bula de protección a los judíos, siguiendo la línea de la concedida en 1421, en la que describe con claridad lo que está pasando con los predicadores, las intimidaciones, ataques y bautismos que sufren los judíos, los protege para que todo ello no ocurra y dispone autonomía judicial en las causas civiles con penas pequeñas con sus propias partes como arbitrajes amistosos. No se habla de jueces realmente, pero los jueces deben darles justicia sumaria y simple con lo que han acordado. Las limitaciones son mayores, pues en las causas espirituales se requiere a los obispos y en las civiles a los que pertenece de derecho a los que los judíos quedan sujetos.